¿Cuáles son los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

El principio fundamental que sustenta los derechos consagrados en la Declaración es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Los derechos se agrupan en civiles y políticos y económicos, sociales y culturales

Derechos civiles y políticos

comprenden por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a la esclavitud, servidumbre ni torturas; la igualdad ante la ley; la protección frente a la detención, el encarcelamiento o el exilio arbitrario; el derecho a un proceso justo; el derecho a poseer bienes; el derecho a la participación política; el derecho a ejercer las libertades fundamentales de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión; el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; el derecho a participar en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.


Derechos económicos, sociales y culturales

comprenden por ejemplo el derecho al trabajo; el derecho a igual salario por trabajo igual; el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; el derecho a un nivel de vida digno; el derecho a la educación y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural.

 

Estos derechos están contemplados también en dos Pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (sección ONU), más Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que permiten formular denuncias a título personal por violación de los derechos consagrados en el Pacto.

 


 

 

Es importante destacar que los derechos sexuales y derechos reproductivos se amalgaman sobre los civiles y políticos y sociales, económicos y culturales, dado que implican por un lado el derecho a las decisiones libres y autónomas y por otro al acceso a los servicios, la atención y los recursos necesarios para vivir en condiciones dignas.

¿En qué se basa el debate entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales?

En términos generales, los derechos económicos sociales y culturales, reconocidos por el Pacto homónimo, son considerados metas o aspiraciones en términos de políticas, que no conllevan garantías específicas. Cabe preguntarse, pues, por qué estos derechos se han visto rezagados en términos de aplicabilidad frente a los civiles y políticos.

 

En principio, durante la Guerra Fría, los derechos económicos, sociales y culturales se vinculaban al régimen comunista y al bloque socialista, percepción que se mantiene vigente hoy en día a pesar de la caída del muro de Berlín. En segunda instancia, si bien el pensamiento neoliberal promueve la protección de libertades, rechaza la noción de garantías sociales o justicia social, a partir de una visión a favor del mercado libre (pero no necesariamente del mercado justo). Por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales son interdisciplinarios.

 

En segundo lugar, mientras los derechos civiles y políticos conllevan obligaciones negativas, los económicos, sociales y culturales implican obligaciones positivas. Por ejemplo, la libertad frente a la tortura exige que el Estado no recurra a prácticas de tortura, mientras que el derecho a la salud requiere de que el Estado provea un sistema de salud accesible y adecuado. Esto se relaciona directamente con el significado de que las políticas públicas de cada país tengan enfoque de derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos no signifiquen solamente lo que los estados no deben violar, sino lo que están obligados a garantizar. 

 

Igualmente, la distinción positivo/negativo resulta simplista. En virtud de ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó una tipología de obligaciones para esclarecer los deberes por parte de los Estados respecto de estos derechos, estableciendo las obligaciónes de: respetar, proteger y garantizar.

¿Qué se entiende por las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos?

La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de interferir el disfrute de los derechos.

 

Por ejemplo, el derecho a la educación se viola si el Estado Parte niega a adolescentes embarazadxs la permanencia en el sistema escolar.

La obligación de proteger exige que el Estado Parte prevenga violaciones a los derechos humanos por parte de terceros.

 

Por ejemplo, que el Estado no garantice que los sistemas de salud cumplan con normas mínimas en materia de salud sexual y salud reproductiva puede considerarse una violación al derecho a la salud

La obligación de garantizar exige que el Estado Parte promueva la adopción de diversas medidas: legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales, entre otras que resulten necesarias, para alcanzar el efectivo ejercicio de los derechos.

 

 

 


Los Estados tienen la obligación de avanzar de forma ágil y dispuesta hacia la implementación de estas obligaciones, y los obstáculos que pueda representar la falta de recursos, de ninguna manera puede constituirse como una justificación para la falta de acción.

¿Cuál es la diferencia entre Declaraciones, Tratados,  Convenciones y Protocolos?

Las declaraciones constituyen una serie de normas y principios que los Estados crean y se comprometen a cumplir al interior de sus naciones. Los Estados que las firman asumen un compromiso pero no una obligación de cumplimiento. Si no cumplen los compromisos asumidos reciben una “sanción moral”, es decir un llamado de atención.

 

Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948.

 

Las conferencias, (al igual que las declaraciones) interpelan a los Estados a un compromiso moral y ético de cumplimiento efectivo de sus principios y programas de acción mediante la implementación de políticas públicas afines. No requieren de ratificación y por eso no son vinculantes. (Ej. Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo 1994) 

Los tratados conforman una serie de acuerdos entre los Estados con normas y principios que los obligan a garantizar su cumplimiento. 

Se celebran entre los Estados y cuentan con la participación de organismos internacionales. Un tratado puede denominarte Acuerdo, Carta, Pacto, Convención (ej: Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de DDHH). No es suficiente que los Estados firmen un Tratado.

 

Sólo al ratificarlo el Estado establece su consentimiento a ser obligado al cumplimiento de ese instrumento jurídico. Es decir se firma un «contrato» en donde el país se compromete a cumplir el tiempo durante el lapso que le otorga la comunidad internacional (los demás países firmantes) el derecho a pedirle cuentas en caso de incumplimiento.

 

Un protocolo tiene las mismas características jurídicas que un tratado. En general, un protocolo enmienda, complementa o aclara un tratado multilateral, o aporta nuevas normas de una Convención (Ej: Protocolo Facultativo de la CEDAW)


¿Qué son los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes?

Los derechos humanos están contenidos en acuerdos y convenciones regionales e internacionales adoptadas por los gobiernos, bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU) u otros organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Vinculantes

Los instrumentos vinculantes se refieren a tratados internacionales firmados y ratificados por los gobiernos, que imponen obligaciones en el marco del derecho internacional que los Estados Partes de las convenciones se comprometen a cumplir.

No vinculantes

Los instrumentos no vinculantes se refieren a conferencias, declaraciones y otros documentos de Naciones Unidas adoptados por consenso intergubernamental. Si bien no son vinculantes en sentido jurídico estricto (los países adhieren pero no se requiere de ratificación) estos documentos son fuentes consuetudinarias del derecho internacional. Es decir que forman parte, del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos y establecen principios y estándares de conducta que los gobiernos deben proteger y promover.


Órganos de Tratados e Informes de país

Hay siete órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos que supervisan la implementación de los tratados internacionales de los derechos humanos (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares).

 

Entre las funciones que realizan de conformidad con los tratados que los crearon, los comités llevan a cabo la consideración de informes de los Estados Partes, denuncias y/o comunicaciones individuales, y la publicación de comentarios generales a los tratados y organización de discusiones relativas a los mismos.

 

Cuando un Estado ratifica cualquiera de estos tratados, asume la obligación de implementar los derechos reconocidos por éste. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos está lejos de garantizar el disfrute de los mismos en la práctica. En virtud de ellos, el Estado asume adicionalmente la obligación de presentar de manera periódica informes sobre al comité de monitoreo establecido por dicho instrumento acerca de la implementación de los de los derechos reconocidos. Generalmente, el Estado presenta un informe inicial al año de adherirse al tratado (dos en el caso del Comité de Derechos de Niño), y posteriormente de manera regular de acuerdo con las provisiones establecidas en éste. Además de este informe, el comité puede recibir información sobre el país de parte de otras fuentes, como organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, otros organismos internacionales, instituciones académicas o los medios de comunicación. A partir de toda la información disponible, el Comité revisa el informe de manera conjunta con representantes del gobierno, y posteriormente publica sus inquietudes y recomendaciones, en forma de “observaciones finales”.

 

Cuatro de los siete comités (Derechos del Niños, Discriminación Racial, Tortura y Violencia contra la Mujer) pueden, bajo ciertas circunstancias, recibir peticiones individuales por parte de individuos que consideran que sus derechos fueron violados en el marco del tratado correspondiente.