Entre el 6 y el 17 de marzo se llevó a cabo la sesión 67° de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés). La agenda prevista para el debate de este año consistió en «Innovación, cambio tecnológico y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas»
Más de 7 mil personas participaron de 205 eventos paralelos organizados en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, 700 eventos organizados por ONGs en contexto con la 67°CSW; y la primera reunión de Jóvenes.
Además de la multitudinaria convocatoria, algo muy valorable sobre todo en el contexto de la pospandemia, lo que también se observa en alza es la actividad de los grupos anti-derechos y sus asociaciones con delegaciones gubernamentales.
Uno de los papeles principales en este sentido lo tiene CitizenGo, organización transnacional que financia y un abanico de activistas y organismos opositores a la agenda de género, LGBT, derechos sexuales y reproductivos, bajo lemas que oscilan entre la argumentación pseudocientífica y el pánico moral.
Si bien no es algo novedoso que estos sectores se muevan y operen en múltiples sentidos y estrategias contra la agenda de derechos humanos, apelando, paradójicamente, al lenguaje de derechos humanos, preocupa su cercanía con el resurgimiento de conservadurismos dentro del feminismo tanto en la perspectiva política como en su narrativa. Ejemplo de ello es la campaña «las Mujeres son construidas por la biología, no por la ideología» que recuerda a varios movimientos actuales que aseguran que la categoría «mujer» está siendo amenazada por el borramiento de género.
Ha pasado mucha agua y lucha debajo y sobre los puentes de la geopolítica y los activismos siguen navegando estas disputas en torno a la legitimidad de sujetos y categorías políticas. La política de pinkwashing y la cosmética del reconocimiento discursivo sin política pública, abonan el terreno de la anti política pero sobre todo intentan conmover sobre la relevancia de aferrarse a una categoría identitaria, considerando que su ampliación y/o discusión socava la democracia, cuando en realidad procura lo contrario.
Compartimos aquí el comunicado prensa de OSC.
• Título del puesto: Community Manager (CM)
• Modalidad: la tarea se realizará de forma remota.
• Plazo para postulación: hasta el 1 de marzo de 2023 a las 23:59 hs (hora, Buenos Aires, Argentina)
Akãhatã es una organización sin fines de lucro creada en 2012 por un grupo de activistas de América Latina de conocida trayectoria, trabajo y liderazgo en la región. En ese sentido nuestro objetivo es consolidar e incrementar nuestra presencia en redes y plataformas sociales con el objetivo de visibilizar y socializar nuestro aporte al activismo en derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente en América Latina.
Cuando hablamos de consolidar presencia en las redes pensamos en creatividad, solvencia y humor para la elaboración de mensajes comunicacionales que difundan el trabajo de la organización, las coaliciones que integra y de otras organizaciones aliadas que constituyen los movimientos feministas, LGBTIQ+.
Las redes y plataformas sociales de Akãhatã no están destinadas al fundraising ni orientadas a la captación de donaciones particulares, por lo que el objetivo comunicacional en relación a la comunidad virtual es alentar la conversación pública acerca de los temas que componen nuestro trabajo y los contextos actuales en los que navegan los activismos en derechos humanos.
Para aplicar al puesto, enviar currículum / hoja de vida + breve carta de interés a akahata@akahataorg.org con copia a vpedrido@akahataorg.org y rposa@akahataorg.org
El flamante gobierno brasileño bajo la conducción de Lula Da Silva anunció su retirada de la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra celebrado en 2020. Recordemos que en octubre de ese año en pleno curso de la pandemia por COVID 19, bajo la presidencia de Bolsonaro y junto al entonces mandatario estadounidense Donald Trump, Brasil impulsó una declaración conocida como Consenso de Ginebra en el marco del Consejo de Derechos Humanos, que tergiversando explícitamente los objetivos de las Conferencias de derechos humanos de Cairo (1994) y Beijing (1995) restringía el marco de derechos sexuales y reproductivos, invocando la protección de la familia.
Más de 30 países adhirieron a ese documento que en una clara demostración de la estrategia reaccionaria global utilizaba instrumentos icónicos en el marco internacional de derechos humanos, para oponerse a la ampliación de estos. Un ejemplo claro de sus contenidos era la oposición al derecho al aborto y el énfasis en la defensa de la familia "natural" en clara ofensiva al concepto plural de familias, que comprende esta construcción en toda su diversidad.
En un comunicado los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Mujer, Derechos Humanos y Ciudadanía anunciaron la retirada del país de esa declaración al considerar que el documento tiene "una comprensión limitante de los derechos sexuales y reproductivos y del concepto de familia." A su vez, el gobierno brasileño anunció su adhesión al Compromiso de Santiago y la Declaración de Panamá entendiendo que ambos "están plenamente alineados con la legislación brasileña pertinente, en particular en lo que respecta a la promoción de la igualdad y la equidad de género en diferentes esferas, la participación femenina en la política, el combate a todas las formas de violencia y discriminación, así como los derechos sexuales y reproductivos"
Intermovimientos representa la “naturaleza” social, nuestras vidas son “intermovimientos”. Habitamos en un mundo que no necesita una sola cosa o tiene una sola reivindicación.
Si bien es necesario poder identificar y politizar las diferentes causas para que toda la sociedad las vea y las entienda, también sabemos que la exclusión se dirige hacia las mayorías atomizadas en cientos de “minorías” valiosas y particulares.
Con esto en mente, el pasado 21 de febrero arrancaron los primeros Talleres Intermovimientos en Antigua Guatemala, Guatemala.
Los talleres se dividieron en dos grupos en donde activistas LGBTIQ+ feministas nos entrelazamos con personas del movimiento afro, pueblos originarios, personas con discapacidad y sindicatos. Como resultado, activistas de Centroamérica y Sudamérica entretejimos experiencias para imaginar juntes formas de vincular nuestras luchas desde el afecto, la ternura y la complicidad.
Puedes leer más sobre lo que se vivió en los talleres en el siguiente documento:
La Fundación Arcus publica una Convocatoria para la presentación de propuestas (Conceptos) para la Justicia Internacional LGBTQ es el primer paso de un proceso de 8 semanas para que las organizaciones alineadas con la estrategia de justicia social de esta fundación soliciten financiamiento.
FECHA LÍMITE: 15 de noviembre de 2022 a las 23:59 HS (hora del Este de los Estados Unidos)
PAÍSES QUE APLICAN: Esta convocatoria está abierta a las copartes internacionales actuales y pasados del Programa de Justicia Social y a las organizaciones alineadas con la estrategia que tengan presencia en:
Compartimos el link (botón abajo) para obtener información detallada sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud, y para compartirla con los solicitantes de subvenciones que cumplan con los criterios anteriores.
Queridxs colegas,
En apoyo al próximo Día Internacional del Aborto Seguro que se celebrará el 28 de septiembre, la Iniciativa por los Derechos Sexuales (Sexual Rights Initiative -SRI); el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights); la Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development), Elección para la Juventud y la Sexualidad (CHOICE for Youth and Sexuality), la Federación Internacional de Planificación Familiar (the International Planned Parenthood Federation -IPPF), Ipas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights), la Coalición de Juventud para los Derechos Sexuales y Reproductivos (Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights), el Centro de Recursos e Investigaciones para la Mujer de Asia-Pacífico (the Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women), MSI, Reproductive Choices y la Asociación Sueca para la Educación Sexual (the Swedish Association for Sexuality Education) han elaborado una declaración conjunta sobre el derecho al aborto que se presentará en el 51º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El objetivo de la declaración de este año es destacar la tendencia a la liberalización del aborto en el mundo y que la negación del aborto es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta iniciativa se basa en nuestras declaraciones conjuntas al Consejo sobre el aborto realizadas en los últimos 4 años, incluyendo la declaración del año pasado firmada por más de 300 organizaciones y 300 personas.
¡Esperamos que este año se sumen y firmen nuevamente!
Invitamos a grupos, organizaciones, activistas independientes y a todas las personas [existe la opción de mantener el anonimato] a que firmen la declaración antes del 29 de septiembre, 3.00 PM CEST completando el siguiente formulario de registro y siguiendo sus instrucciones.
Cada año el 9 de agosto se conmemora el día de la primera reunión del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1992. Es suficiente esta efeméride en el calendario para aliviar nuestras nobles conciencias? NO.
Porque el patriarcado como régimen inter-estructural e inter-generacional no puede comprenderse sin tratar de comprender qué es el colonialismo; tampoco el colonialismo se puede entender sin el patriarcado. Tal como entiende Aura Cumes Simón, antropóloga y activista maya «verlos, nombrarlos y hasta intentar combatir cualquiera de estos sistemas por separado, no es más que una "segregación comprensiva artificial de la realidad”
Los sistemas internacionales del mundo pueden funcionar elaborando directrices y lineamientos para organizar socialmente modos de convivencia basados en la igualdad, respeto y trato digno, pero esta dinámica se transforma rápidamente en un «estado de excepción» en el que necesita haber grupos excluidos para que continuemos sosteniendo estructuras trasnacionales, ricas y antiquísimas encargadas de imprimir retóricas de piedad e igualdad y son ellas tanto las más antiguas como la corporación eclesiástica como los organismos mutila laterales de cooperación, sobre los que resisten os activismos de la sociedad civil, incluso aquellos compuestos por los movimientos indígenas.
No es menor mencionar que al interior mismo de los movimientos indígenas y campesinos de lucha por la propiedad de la tierra hayan mal visto y discriminado a las mujeres indígenas por organizarse en torno de la lucha por sus propias condiciones de vida bajo el argumento de priorización de intereses individuales por sobre valores colectivos. Una vez más el machismo conoce minuciosamente las formas de fisurar la toma de conciencia y la potencia emancipatoria. Siempre piden tiempo para que las mujeres esperemos bajo la metáfora de que somos iguales: no, no lo somos, y esa diferencia no debe radicar en la desigualdad y la postergación.
Las mujeres muchas veces no avanzamos porque reproducimos formas organizativas de los hombres con las que quizá en algún momento desesperante nos hemos sentido representadas. De esa forma se han mantenido unos cuantos con el saber y el resto en la ignorancia esperando que nos den lugar para decir cómo vemos el mundo. Lo que queremos nosotras es que TODAS tengamos recursos interpretativos para comprender qué es lo que nos sucede y poder operar sobre ello.
La supremacía blanca caracteriza especialmente a las mujeres indígenas como calladitas, lentas y tímidas. Sepan pues que es el resultado del deterioro y el menoscabo de no haber sido autorizadas, de haber excluidas, dañadas y que toda la vida se les ha impedido hablar, han sido calladas, acusadas de no saber y de no poder. Esa timidez expresa la impotencia de género y de clase. y por lo tanto su participación política y sus voces significan un esfuerzo importante y valioso.
Las mujeres indígenas y/u originarias organizadas son doblemente discriminadas: por un lado porque dentro de sus movimientos se percibe que su lucha pretender u predominio de cierta individualidad de género por sobre la lucha colectiva por el reclamo de la propiedad de la tierra, un mal entendido que tiene raigambre en la percepción del feminismo como invento blanco y burgués. Algo similar ha ocurrido en los feminismos negros, chicanos y mestizos que han sido denostados por sus propios movimientos de lucha antiesclavista y anti violenta a a manos de la supremacía blanca.
Por otra parte se trata de trayectorias y experiencias de vida que al igual que los feminismos LGBTIQ+ han tenido que ganarse espacio, voz y lugar dentro dentro de un movimiento que si bien nunca fue estático, el impulso de su dinamismos ha sido en gran parte por estas inserciones que lo cuestionan, amplían y enriquecen.
Dicho esto podemos pensar crítica y abiertamente en el Documento sobre «Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales» publicado por la CIDH -OEA en 2021
Algunos de esos párrafos afirman:
Las Declaraciones Americana y de la ONU sobre pueblos indígenas y el Convenio 169 establecen
conjuntamente el derecho al reconocimiento y respeto de sus propias instituciones, prácticas y costumbres vinculadas a su derecho consuetudinario, sus sistemas jurídicos, de administración de justicia y jurisdicción.
Esto es fundamental a la luz del derecho a la libre determinación, pues es la base de
las expresiones culturales, políticas, sociales y demás dimensiones de la vida de los
pueblos.
Comprende, por ejemplo, el derecho a autodeterminar las instituciones, mecanismos y modelos administrativos para el goce y disfrute de la tierra y los recursos sin injerencias externas.
A su vez, implica el derecho a elegir y definir sus propios mecanismos de representación en las consultas, procesos para el consentimiento u otros actos realizados como resultado de sus relaciones externas con otros pueblos y naciones o con el Estado
A la fecha, muy escasos Estados han establecido mecanismos de orden legal y/o administrativo que garanticen el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y tribales, especialmente sobre sus recursos naturales y medios de subsistencia
Por el contrario, los ordenamientos internos, por lo general, impiden la posibilidad de que los pueblos indígenas sean titulares de derechos de propiedad sobre los recursos naturales que conforman el hábitat de sus territorios
Un mecanismo que vienen empleando los pueblos indígenas son los “Planes de Vida”, que constituyen instrumentos de gestión territorial en los que se detallan los diferentes usos del territorio
“los impactos originados por el cambio climático son una realidad en las Américas y afectan, de manera desproporcionada, a los pueblos indígenas, al impactar tanto los ciclos vitales de los ecosistemas como los factores que permiten disfrutar de una vida digna”, además de que sus “sus territorios se ubican en zonas de alta incidencia en proyectos de extracción o de infraestructura”
Al leer esto último recordemos una vez más que el silencio y la timidez percibida particularmente por quienes tsmaos en condiciones de asimitreia y primivegio respecto de sus historias y condiciones de vida, expresan la impotencia de género y de clase. y por lo tanto su participación política y sus voces significan un esfuerzo importante y valioso.
La Silla Rota es una escultura del artista suizo Daniel Berset y está ubicada en a Plaza de las naciones frente al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, donde celebra sus sesiones el Consejo de Derechos Humanos. La obra fue realizada para interpelar a lxs funcionarixs de los Estado que participan del sistema multilateral de Derechos Humanos como símbolo del rechazo a las minas terrestres letales, también conocidas como minas anti-personas.
La «metáfora» cobra sentido más que nunca cuando vemos que sesión a sesión, y más precisamente en el último período de sesiones N°50 que se extendió entre el 13 de junio y el 8 de julio, se renuevan y retuercen las estrategias para deslegitimar los acuerdos logrados hace más de 25 años sobre todo el abanico de derechos que atraviesan cuestiones de género y sexualidad, particularmente las resoluciones que refieren a los derechos humanos de mujeres y niñas.
Si bien no es algo sorprendente, dado que se trata de una tendencia que desde los movimientos activistas venimos advirtiendo hace tiempo, no deja de ser preocupante el registro de complicidades y normalización de las formas explícitas que ejercen los Estados para oponerse al carácter universal de los derechos bajo la bandera del relativismo cultural.
Cada vez es mayor la cantidad de enmiendas y las obstrucciones al debate y la negociación de las resoluciones que atienden a cuestiones como discriminación, violencia, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, en donde las retóricas sobre soberanía procuran imponerse en detrimento de la autonomía y la dignidad de las personas.
Aunque esas enmiendas y obstaculizaciones fueron superadas, estamos en un escenario geopolítico en el que nuestra potencia activista invierte sus esfuerzos en resistir los embates más que en la posibilidad de profundizar y ampliar la plataforma de derechos. No es una queja, pero sí un dato.
Hoy más que nunca los movimientos de defensorxs de derechos humanos, feminismos, activismos LGBTIQ+ necesitamos sostener la participación para asegurar que nuestras voces no sólo no sean silenciadas sino que se escuchen lo más fuerte posible.
Toda la información sobre esta sesión está en la web de la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI)
Compartimos la versión castellana de la nueva edición (2021) del Informe Derechos en Riesgo, publicado por el Observatorio sobre la Universalidad de Derechos (OURs por sus siglas en inglés).
En esta edición, el Informe no sólo amplia y actualiza las tendencias sobre derechos humanos a nivel global; cuenta además con una serie de artículos que analizan distintos aspectos de las estrategias que implementa la ofensiva reaccionaria; recupera hitos históricos en los movimientos de resistencias y lucha por los derechos sexuales y propone ejercicios y actividades.
En el capítulo 3 sobre Discursos Antiderechos, Fernando D´Elio y María Luisa Peralta (Akãhatã) trabajan sobre la Ideología de Género, fórmula retórica utilizada por los sectores opositores para nominar tanto a los movimientos LGBTIQ+, y feministas como a las políticas de género; LGBTIQ+ y derechos humanos.
Derechos en Riesgo 2 actualiza el mapeo de las actoralidades antiderechos, así como sus estrategias y tácticas discursivas. Esta edición aborda además las líneas de financiamiento de estos grupos, así como las estrategias de incidencia que despliegan en los espacios regionales de Derechos Humanos, como el Sistema Africano de DDHH y la Asamblea General de la OEA.
Cabe recordar que el Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos es una iniciativa colaborativa que se propone observar, analizar y compartir información sobre iniciativas que utilizan incorrectamente la religión, la cultura y la tradición para socavar la universalidad de los derechos humanos. Basada en un marco feminista, la iniciativa OURs trabaja transversalmente en varias regiones, temas y espacios de derechos humanos para promover la justicia social. El Grupo de Trabajo del OURs está formado por organizaciones y activistas que trabajan para proteger y promover la universalidad de los derechos.
Hoy tuvo lugar una audiencia muy importante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Acceso a la Justicia en Contextos de Violencia, solicitada, preparada y llevada a delante por la Red de Litigantes LGBTI de las Américas, la Coalición de Organizaciones LGBTTTI y de TS de América Latina y el Caribe (de la que forma parte Akahatá) y la Red Sin Violencia LGBTI.
En la Audiencia se trataron los relatos de situaciones de violencia contra personas LGTB en distintos países, pero también las barreras de acceso a la justicia: por ejemplo, que no se hacen investigaciones, que las carátulas de las causas no son buenas, que no hay sentencias de culpabilidad.
El problema es que muchas de las organizaciones son muy punitivistas y reclaman que haya leyes antidiscriminatorias que tipifiquen delitos y agravantes si las víctimas son personas LGTB.
Igualmente, lo alentador es que nuestras organizaciones en esta audiencia hablan de crimen por prejuicio (y casi no de crimen de odio), que es el vocabulario de la CIDH.
Entre las barreras, los malos tratos por parte de la policía y de lxs funcionarixs del poder judicial: burlas, comentarios discriminatorios, no respetar la identidad de género, no respetar los vínculos, etc.
Uno de los reclamos es la capacitación al personal estatal, sobre todo a operadores judiciales, para la dispensa de trato correcto y no discriminatorio. A su vez, se solicitó que se habilite como parte interesada no sólo a la familia sino a las parejas, lxs amigxs, compañerxs de activismo y/o de convivencia. Sobre todo, porque, como es frecuente, muchísimas veces las familias son muy homolesbobitransfóbicas.
El reclamo central es que se redacte un protocolo interamericano sobre cómo tienen que ser las actuaciones en casos de violencia contra personas LGTB.