
Hoy tuvo lugar una audiencia muy importante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Acceso a la Justicia en Contextos de Violencia, solicitada, preparada y llevada a delante por la Red de Litigantes LGBTI de las Américas, la Coalición de Organizaciones LGBTTTI y de TS de América Latina y el Caribe (de la que forma parte Akahatá) y la Red Sin Violencia LGBTI.
En la Audiencia se trataron los relatos de situaciones de violencia contra personas LGTB en distintos países, pero también las barreras de acceso a la justicia: por ejemplo, que no se hacen investigaciones, que las carátulas de las causas no son buenas, que no hay sentencias de culpabilidad.
El problema es que muchas de las organizaciones son muy punitivistas y reclaman que haya leyes antidiscriminatorias que tipifiquen delitos y agravantes si las víctimas son personas LGTB.
Igualmente, lo alentador es que nuestras organizaciones en esta audiencia hablan de crimen por prejuicio (y casi no de crimen de odio), que es el vocabulario de la CIDH.
Entre las barreras, los malos tratos por parte de la policía y de lxs funcionarixs del poder judicial: burlas, comentarios discriminatorios, no respetar la identidad de género, no respetar los vínculos, etc.
Uno de los reclamos es la capacitación al personal estatal, sobre todo a operadores judiciales, para la dispensa de trato correcto y no discriminatorio. A su vez, se solicitó que se habilite como parte interesada no sólo a la familia sino a las parejas, lxs amigxs, compañerxs de activismo y/o de convivencia. Sobre todo, porque, como es frecuente, muchísimas veces las familias son muy homolesbobitransfóbicas.
El reclamo central es que se redacte un protocolo interamericano sobre cómo tienen que ser las actuaciones en casos de violencia contra personas LGTB.