El debate sobre la regulación de los derechos del trabajo sexual, se desliza siempre por un tobogán: la moral. Paradójicamente, en esa pendiente resbaladiza, siempre quedan «pegadas» las mismas personas: lxs sujetxs de derecho que el Estado obliga a postergarse para evitar las tensiones que su rol demanda: garantizar los derechos de las personas.
En su artículo, publicado recientemente por la revista «Pensamiento Penal», la abogada penalista Milagros Mazzei observa el camino trazado por Michael S. Moore, emérito catedrático sobre el campo del derecho y la filosofía, en su “Teoría no excluyente de la perspectiva legislativa moral sobre los actos incorrectos”. Moore se pregunta hasta qué punto el Estado en tanto productor de normas jurídicas, puede regular aspectos juzgados en el imaginario social como «inmorales» pero que concretamente no afectan los derechos de lxs individuos o de una comunidad.
Mazzei recoge el guante de en sentido inverso y procura abonar el debate de la agenda de los derechos sexuales, particularmente la discusión sobre la regulación del trabajo sexual. La autora señala que la omisión del Estado en la regulación de un tema, cuyo debate agita la virulencia moralista (lo que podría equipararse al aborto) es una maniobra de criminalización tácita. En ese sentido Mazzei pregunta hasta qué punto el Estado puede omitir regular formalmente una actividad estigmatizada por la mirada moralista, como el trabajo sexual, teniendo en cuenta la afectación de derechos que esta omisión provoca.