Alarma sobre los derechos de las mujeres
Del 6 al 23 de junio se desarrolló el 35° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
Ya en sesiones anteriores y esta no fue la excepción se viene experimentando una sostenida ofensiva contra los derechos de las mujeres logrados y comprometidos en diversos instrumentos internacionales.
La preocupación ante este escenario es compartida por expertxs de distintos Grupos de Trabajo relativos a la protección de los derechos de mujeres y niñas, quienes reiteran su apoyo a la derogación de todas las leyes que discriminan a las mujeres por motivos tradicionales, culturales y/o religiosos así como a todo tipo de normativa que criminaliza desproporcionadamente o de manera exclusiva al comportamiento de niñas y mujeres.
«...estamos asistiendo a los esfuerzos de los grupos fundamentalistas para socavar los cimientos sobre los que se basa todo el sistema de derechos humanos. Algunos de estos esfuerzos se basan en un mal uso de la cultura, incluida la religión y la tradición, o en reclamaciones relacionadas con la soberanía del Estado»
Ante este panorama de retroceso y recrudecimiento conservador y fundamentalista en el que los derechos humanos en general y de las mujeres y niñas en particular enfrentan el rechazo en varias regiones del mundo resulta imprescindible denunciar toda retórica y acciones antiderechos que obstaculicen y socaven la aplicación de las normas de derechos humanos, particularmente las relacionadas con igualdad de género.
Descolonizar las sexualidades
En el marco de la reunión 35 del Consejo de Derechos Humanos, uno de los eventos destacados fue el panel sobre «Salud mental y sus impactos sobre personas trans» organizado por GATE, TGEU, RFSL, ILGA y APTN*. El panel contó con la participación de Dainius Puras, Relator Especial sobre el Derecho a la Salud; Vitit Muntarbhorn, Experto Independiente sobre Orientacion Sexual e Identidad de Género; Viviane Vergueiro, coordinadore del Proyecto sobre Despatologización Trans en Akahatá; Mauro Cabral, director Ejecutivo de GATE, y fue moderado por Julia Ehrt, de TGEU.
Viviane compartió una historización sobre el impacto que los procesos coloniales y genocidas tuvieron y tienen sobre la construcción de las sexualidades y los géneros, a través del disciplinamiento con argumentos científicos, morales, religiosos, entre otros contenidos productores de discursos de odio.
Compartimos algunos fragmentos y el video con su exposición
«...La borradura de las diversidades en las identidades de género tiene relaciones cercanas con el desarrollo de proyectos coloniales genocidas. En este sentido, la eliminación de las no conformidades de identidades de género y de sexualidades fue utilizada como una de las justificaciones para la ocupación política/económica/militar de (supuestamente) nuevos mundos. De esa forma, la interseccionalidad como concepto no sólo concibe el reconocimiento de múltiples ejes de opresión, sino también facilita un camino analítico para considerar sus articulaciones a través de la historia, dispositivos de poder comunes y su utilidad en la producción de jerarquías entre seres humanos...»
«...Descolonizar las identidades de género requiere que desnaturalizemos la cisgeneridad como norma que produce lo que consideramos sano, deseable, y correcto. Y para que eso suceda, necesitamos realizar un análisis de la economía política involucrada en esa producción. Creo en el potencial del paradigma de derechos humanos en desafiar esta norma y economía política, reconociendo este paradigma mientras un dominio político también.»
El lenguaje como campo de disputa
Lejos de ser parte de las potestades discursivas del progresismo, se hace cada vez más evidente que el uso del lenguaje de derechos humanos es campo de batalla y una herramienta muy utilizada, artimañas mediante, por los bloques ultra conservadores y antiderechos que inciden directa e indirectamente sobre la producción y adopción de distintas resoluciones de derechos humanos.
En los debates sobre las resoluciones referidas a la discriminación contra las mujeres, violencia contra las mujeres y niñas y matrimonio forzado de niñas y adolescentes, la inclusión de terminología referida a la educación (sobre todo si se trabaja de educación sexual) derechos sexuales y reproductivos, consentimiento en la adolescencia, y violencia de género fueron parte de la arena de disputa.
Sería ingenuo pensar que los países más reconocidos por su resistencia al reconocimiento de los derechos, bajo justificativos con base en el relativismo cultural, pudieran expresarse favorables a la promoción de normativas más progresistas en materia de derechos. No obstante, lo distintivo del caso es la preferencia, por algunos términos en reemplazo de otros: un claro ejemplo es el pedido de la delegación rusa (apoyada por varios Estados) de cambiar educación por información en lo referente a la educación sexual integral; «Por qué tenemos que estar siempre pidiendo educación, si sabemos que el uso de la información puede ser eficaz» interpeló la delegada.
Otra batalla fue el pretendido reemplazo del concepto violencia de género por violencia contra mujeres y niñas, bajo el argumento de que el título propuesto para la resolución utilizaba el segundo término, podría prestarse a confusiones.
Más allá de que la inclusión de referencias al derecho, acceso y/o atención del aborto es un clásico en la batalla por los derechos humanos, en este caso, hubo diversas posturas rondando el tema: por un lado, quienes no se oponen a la inclusión de la temática si se aclara que debe garantizarse el derecho en aquellos países cuya legislación lo contemple. Por otra parte quienes bajo ningún concepto conceden la mención del tema. Pero también hubo quienes no se opusieron a términos como autonomía sobre los cuerpos (retórica que podríamos pensar como tobogán al derecho al aborto) pero solicitaron se quite derechos reproductivos de la propuesta de resolución.
No podemos dejar de mencionar, la resolución sobre Protección a la familia, propuesta por el bloque de países más conservadores. Que no obstante utilizar en un sentido retrógrado el lenguaje de derechos de las personas mayores, para fortalecer una perpectiva sobre la familia tradicional heteronormativa y jerárquica, se posiciona en pleno siglo XXI como un significativo retroceso a todas las conquistas en materia de derechos sexuales y civiles en procura de la democratización y diversificación de instituciones como matrimonio y familia.
A simple vista no pareciera ser mucha la pérdida en relación a la ganancia: es decir, luego de varios debates y disputas en donde se termina lavando el lenguaje hasta que nadie sienta mancillado su patrimonio discursivo, las resoluciones sobre violencia contra las mujeres, discriminación contra las mujeres y eliminación del matrimonio forzado, fueron adoptadas favorablemente. Sin embargo, no podemos dejar de señalar con preocupación que la preferencia por la información en lugar de la educación radica en la desresponsabilización del Estado como garante de derechos. De uno de los derechos más pródigos en debate y más magros en aplicación.
Asimismo, el uso de autonomía sobre los cuerpos puede parecer casi equivalente e intercambiable con el término derechos reproductivos, pero sabemos que la autonomía se ejerce en el marco de libertades que cada estado dispensa a sus ciudadanxs, con lo cual, sin marco de derechos es palabra muerta.
Por último, no es causal que el bloque conservador haya preferido seguir hablando de violencia contra mujeres y niñas y tildar de confuso al lenguaje de género. Si bien, la generalidad de los intrumentos albergan todavía una perspectiva cisgénero, el uso del lenguaje puede operar como apertura, o clausura. Y de eso se trata.