* por Alejandra Sardá, activista por los derechos LGBTI e integrante de Akahatá.
Ayer, 6 de enero de 2016, el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a autorizar a la policía a pedir documentos de identidad a personas en lugares públicos como forma de prevenir hechos delictivos.
Probablemente, la policía jamás haya interceptado en la calle a estas personas del Tribunal Superior porteño para pedirles su DNI. Poco les importas entonces que sus colegas, en dos fallos previos, revocaran esa revocado esa facultad policial por considerar que dicho procedimiento incurría en “exceso” de equiparar "la mera interceptación de una persona en la vía pública al solo efecto de solicitar su identificación con su detención o la eventual requisa de sus pertenencias". El dictamen sostenía que la policía no tiene autorización para pedir documentos "si no cuenta con un motivo válido para hacerlo".
Eso ya no importa.
Hay quienes – ya lo manifestaron profusamente en las redes sociales - imaginan una policía que solicita el documento amablemente y si la persona interpelada no lo tiene, la acompaña a su casa a buscarlo o la traslada a la comisaría y le ofrece un café mientras averigua su identidad. Son las mismas personas que sostienen que la medida no debería preocuparle a quienes que no tengan "nada que ocultar". Son las voces de esta -nuestra- sociedad ciega, egoísta y autocomplaciente que ilustran la formidable victoria cultural de la derecha (neo) liberal, represora y sonriente.
Toneladas de informes enviados a organismos de derechos humanos regionales e internacionales por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y movilizaciones anuales como la Marcha de la Gorra contra la violencia policial en Córdoba se ocupan de recordar- a quienes quieran escuchar- que la realidad es muy diferente. El pedido de identificación arbitrario abre la puerta a los abusos policiales, que siguiendo millares de casos documentados, incluyen: extorsiones, violencia sexual, torturas e incluso asesinatos.
La ley vigente en la ciudad autoriza a la policía a "demorar" a una persona hasta 10 horas para averiguar su identidad si esa persona no lleva documentos y es ese período en que se han producido, y continuarán produciéndose, estas violaciones a los derechos humanos.
¿De quiénes 'sospecha' la policía lo suficiente como para querer conocer su identidad?
Lo sabemos, basta leer la lista anual de víctimas que compila el CELS: son jóvenes, son hombres cis y mujeres tras/travestis, tienen tez morena, no visten ropa de marca.
En esos años noventa a los que estamos volviendo vertiginosamente -¿o volvimos a los 70?- lxs activistas LGBT acompañábamos a las travestis para impedir que las detuvieran o adentro de las comisarías cuando se las llevaban igual. Recuerdo una noche con Lohana Berkins en el Departamento Central de Policía, años sobre el final de la lucha contra los Edictos Policiales, la herramienta legal que permitía esos horrores. Ahora, otra vez estamos en peligro pero no todxs.
Algo cambió en estos años lo suficiente como para que, por fin, espero que hayamos aprendido que las políticas de la identidad tal vez funcionen en algún lugar (¿del norte?, lo dudo) pero aquí no.
Aquellxs gays, lesbianas y trans* de buena posición económica y aspiraciones o realidades de clase que votaron al partido gobernante no corren peligro alguno. Sí, la policía es homo-lesbo-transfóbica, pero antes que nada reconoce a sus patrones., más allá que entre éstos haya gente "rarita" a la que no hay que molestar. Tampoco corremos peligro quienes siempre nos opusimos y nos seguimos oponiendo pero tenemos tez blanca, estudios universitarios y vidas de clase media. A lo sumo, nos pedirán documentos en alguna manifestación, antes o después de corrernos con gases lacrimógenos y balas de goma.
Quienes sí corren peligro todos los días, cualquiera haya sido su voto, son, por ejemplo, los gays, lesbianas y trans que experimentan el peligro del sostenimiento de sus fuentes de trabajo en el Estado, son testigxs de los despidos masivos, del desmantelamiento de las cooperativas, del cinismo que un día promete la renovación de contratos y envía saludos de fin de año, para desvincularte al día siguiente. Por otra parte, la depreciación del 40% de sus salarios que parece ser la antesala de un escenario más duro, probablemente empuje a mucha gente la desesperación de subsistir de cualquier manera. Y sabemos que en esa desolación habita el precio altísimo de la precarización de las vidas. Sabemos que cuando el Estado se retira son muchas personas quienes quedan a la intemperie.
Son quienes habían empezado a estudiar, a pensar otras vidas posibles, y que tal vez tengan que volver atrás, destejer esas vidas y convencerse de que nunca merecieron otra cosa más que la marginalidad. Much*s tendrán sus documentos con el nombre y género que eligieron, pero eso no cambiará nada.
No va a ser lo mismo para tod*s. ¿Lo tendremos presente a partir de ahora?
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