
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron dicha Convención para la protección de los derechos de las Personas Mayores el 15 de junio de 2015.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra este primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La Convención fue aprobada durante la Asamblea General, y firmada por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
El objeto de la Convención es "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Este documento permite además se puedan presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos de las personas mayores.
En su artículo 5º la Convención compromete a los Estados parte a desarrollar "enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Para que la Convención entre en vigor, al menos dos de los países firmantes deben ratificarla. La CIDH insta a todos los Estados miembros de la OEA a firmar y ratificar esta Convención, como parte de los esfuerzos por universalizar el sistema interamericano de derechos humanos, de tal manera que todos los tratados y convenciones protejan a los y las habitantes de todos los países de la Organización.
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