Por Regina Maria Cordeiro Dunlop, representante permanente del Brasil; Marta Maurás, representante permanente de Chile; Juan José Quintana, representante permanente de Colombia y Laura Dupuy, representante permanente del Uruguay.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos se convirtió en el primer organismo internacional en adoptar una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Cumpliendo lo que se le había encomendado (en esa resolución), la Oficina del Alto Comisionado (OHCHR) elaboró un informe sobre esta temática en noviembre de 2011 y lo sometió a consideración de los estados y de otros interesados. Tres años después, para dar respuesta a las evidencias cada vez mayores de casos de violencia y estigma, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay consideramos que ya era hora de que el Consejo volviera a tratar este tema y propusimos una nueva resolución, basada en aquella de 2011, que encomendaba a la OHCHR la producción de un nuevo informe que recogiera prácticas óptimas y mostrara por qué caminos será posible avanzar.
Los países que formamos este “grupo impulsor inicial”coordinamos varias rondas de consultas abiertas y exhaustivas. Apenas comenzado el proceso ya quedó claro que había una serie de malentendidos en juego. Hicimos un esfuerzo concertado para aclararlos y para garantizar que el texto de la resolución estuviera orientado a promover y proteger los derechos humanos que gozan de reconocimiento original y, en particular, a luchar contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En resumen, nuestra propuesta no consistía en crear nuevos derechos sino en promover los derechos humanos para todas las personas, partiendo de la premisa de que bajo las normas internacionales de derechos humanos en vigencia las personas LGTBI gozan de los mismos derechos — ninguno más y ninguno menos — que cualquier otro ser humano. Por último, se pensaba que nuestra iniciativa iba a crear divisiones en el Consejo de Derechos Humanos, mientras nuestra postura era que guardar silencio con respecto a este tema de por sí iba a dañar la credibilidad del Consejo, además de prolongar el sufrimiento de muchas personas en el mundo.
Las consultas revelaron que muchos países tenían preocupaciones que podían ser tenidas en cuenta sin afectar lo esencial de la propuesta. Con un espíritu genuinamente abierto y constructivo, incorporamos diversos cambios en respuesta a esas preocupaciones. Importamos conceptos ya acordados de la Declaración y el Programa de Acción de Viena que se refieren a la universalidad de los derechos humanos, teniendo en cuenta la importancia de las especificidades nacionales y regionales. Otro cambio fue la inclusión de una referencia a las “normas y estándares internacionales de derechos humanos vigentes”para eliminar toda duda en torno a supuestos intentos de expandir el alcance de aplicación del marco normativo. Como sabíamos que algunos estados no estaban dispuestos a aceptar la presentación periódica de informes sobre esta temática, modificamos la cláusula original que solicitaba informes regulares cada dos años. Pero esto tuvo una derivación positiva, que fue la incorporación del requisito de que el informe a ser elaborado por la OHCHR se concentre en las prácticas óptimas existentes que podrían ser replicadas o adaptadas por otros países o sociedades.
Para ese entonces, ya se nos había acercado una cantidad significativa de países para manifestar activamente su apoyo al borrador de la resolución. Por eso decidimos formar un “grupo impulsor ampliado”que en la víspera de la votación incluía a más de 25 estados de todas las regiones, 12 de los cuales eran miembros del Consejo. Nos enorgulleció comprobar que el borrador se había convertido en una iniciativa auténticamente transregional, como lo refleja la diversidad y el número de sus co-autores (52 países). Además, se nos sumaron ONG de todo el mundo que mantuvieron activa la circulación de noticias y análisis en los medios y con las comunidades locales, apoyando la iniciativa a nivel nacional e internacional.
La Resolución L.27Rev 1 fue una de las últimas en ser discutidas en las últimas horas de la sesión 27° del Consejo. La atmósfera era muy tensa y nadie tenía certezas acerca del resultado. Las cuatro delegaciones que presentamos la iniciativa fuimos tomando la palabra una por una, ocupando con esa ‘coreografía’ los 8 minutos que nos correspondían para presentar el borrador de la Resolución y explicar algunos de sus aspectos específicos así como nuestras motivaciones. Las siete modificaciones propuestas, que claramente buscaban cambiar la naturaleza del texto de la resolución, fueron discutidas con argumentos a favor y en contra, y votadas una por una. Ninguna resultó aprobada. Luego se votó el texto original de la Resolución, sin modificaciones, que fue aprobado por una mayoría con 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. Es importante recordar que la resolución de 2011 se aprobó con 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.
Si bien es posible que el Consejo discuta en el futuro muchas cuestiones sustantivas en torno a esta temática, y seguramente así lo hará, también resulta claro que la mayoría de sus estados miembros están dispuestos a continuar encontrando formas de proteger a las personas que son objeto de discriminación, estigma y violencia en todo el mundo por su orientación sexual y su identidad de género.
¿Cuál es el próximo paso? La Oficina del Alto Comisionado va a elaborar un segundo informe que contendrá experiencias concretas y lecciones aprendidas y que el Consejo analizará durante su sesión 29°, en junio de 2015.
Creemos con firmeza que la última de las cláusulas operativas de la Resolución puede resultar decisiva. Esta cláusula afirma que el Consejo “decide seguir ocupándose” de la lucha contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género cumpliendo así con su mandato principal, que es proteger los derechos humanos de todas las personas. Nuestra convicción es que, tal como se afirmó en la plenaria, se trata de un problema grave que todas nuestras sociedades deben abordar. Consideramos que el Consejo de Derechos Humanos no puede cerrar los ojos ante este problema ni debe hacerlo, y que no va a abandonar a las personas que continúan sufriendo por la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Lo más importante es que quedó demostrado que, más allá de nuestras diferencias, en el Consejo podemos abrir espacios, mantener diálogos constructivos y tender puentes que nos permitan edificar sociedades más igualitarias e incluyentes.
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