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Todavía está en discusión si el dictamen del proyecto sobre Interrupción legal del embarazo que entrará al recinto de la Cámara baja el próximo miércoles 13 de junio, contemplará la autonomía para solicitar un aborto sin necesidad de tutela a niñas de 13 a 16 años. Sobre este punto, el Comité de derechos del Niño de la ONU le exige al Estado argentino que garantice el acceso al aborto seguro a niñas y adolescentes entre 13 y 16 años y que respete y escuche sus decisiones.  

La reforma del Código Civil y Comercial argentino de 2015 reconoce la autonomía de las y los adolescentes a partir de los 16 años para tomar decisiones sobre el cuidado de su cuerpo, y en el caso de quienes tienen entre 13 y 16 años se considera su "autonomía progresiva" es decir "la aptitud para decidir por sí mismxs sobre la realización o no de prácticas y tratamientos de salud, salvo en los casos en los que estas intervenciones pudieran implicar un riesgo grave para su salud o vida" (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2018). El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado en marzo de este año, contemplaba la autonomía de niñas y adolescentes para acceder a un aborto sin mediaciones ni permisos. El dictamen del proyecto que está siendo tratado en comisiones desde el 6 de junio y que uan vez consensuado pasará al debate en la Cámara de Diputados, tiene como foco de discusión la autonomía de las personas menores de edad. 

En medio de ese debate que no ha ahorrado en virulencia por parte de las voces de detractores y antiderechos, el miércoles 7 de junio el Comité de Derechos del Niño, exhortó al Estado Argentino a que asegure “el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”. 

El Comité de Derechos del Niño es el órgano que monitorea el cumplimiento de las obligaciones que tienen los países como firmantes de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que la Argentina ha ratificado mediante la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido, el pronunciamiento del organismo de ONU no es menor, dado que durante las exposiciones informativas previas al debate del proyecto de ley en la Cámara baja se han escuchado todo tipo de falacias sosteniendo que la legalización del aborto y su acceso por parte de adolescentes iba en contra de los Tratados Internacionales y por tanto es se trataba de una propuesta inconstitucional.

En Comité de Derechos del Niño, no sólo sostiene lo contrario sino que defiende la autonomía progresiva de niñas y adolescentes, es decir, de la capacidad de discernimiento para la toma de decisiones que desarrollan a lo largo del tiempo niñas y niños y que los habilita en tanto sujetos de derecho a ser oídxs, y a tomar y participar activamente de sus decisiones. A su vez, el Comité pidió que no se baje la edad de punibilidad de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal y que se deje de acosar a niños, niñas y adolescentes con las fuerzas de seguridad.

No parece haber excusas para que el Parlamento desoiga los reclamos de respeto por los derechos de las personas a las que el Estado debe proteger en virtud de argumentos falsos, ilegales y fundamentalistas de los tradicionales sectores conservadores, además de la Iglesia a la que es hora de separar de las decisiones del Estado y de su intervención en las políticas públicas. 

Del 3 al 11 de mayo se llevó a cabo el 168° período de sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) en Santo Domingo, República Dominicana.  

Las organizaciones de Derechos Humanos, Amnistia Argentina, CELS, ELA y Católicas por el Derecho a Decidir solicitaron una audiencia a la Comisionada sobre Derechos de las Mujeres, Margarette Macaulay en la que presentaron un informe sobre el estado de cumplimiento de marco legal  en relación al acceso al aborto en la Argentina, en el que, además piden a la CIDH que apoye y oriente el debate sobre el proyecto de legalización del aborto que entrará en breve al recinto de la Cámara de Diputados para su debate y que actualmente se encuentra en la fase de exposiciones informativas a las comisiones. 

Desde 1921, la Argentina cuenta con una regulación sobre abortos provista por el Código penal, que contempla que en tres casos la interrupción del embarazo no es punible: violación, riesgo para la salud  y riesgo de vida para la mujer o persona gestante. A raíz de su sistemático incumplimiento, anque judicialización innecesaria de estos casos, en 2012 la Corte Suprema de Justicia argentina, se pronuncia sobre este punto, en un fallo conocido como FAL en el que esclarece los alcances de la regulación y exhorta a las autoridades de todas las provincias y la Nación a cumplir con la normativa sin dilaciones y a implementar protocolos de atención sanitaria adecuados. 

En 2015 (luego de dos publicaciones previas que nunca se distribuyeron) el Ministerio de Salud argentino publica un Protocolo para la atención de los abortos en los casos legales. Actualmente, el cumplimiento de la normativa vigente no sólo es notoriamente desigual en el país, sino que su incumplimiento no involucra sanción alguna para las y los profesionales que niegan el acceso al derecho a la salud a las mujeres que solicitan un aborto no punible.

Aquí compartimos las peticiones de las organizaciones y las respuestas por parte de la delegación argentina encabezada por el Secretario de Derechos Humanos y conformada ademas por la coordinadora técnica de la Dirección de Salud sexual y Reproductiva.